CON LA RAZÓN DE NUESTRO LADO

Una nueva resolución de los máximos organismos internacionales confirma la legitimidad y legalidad de los históricos reclamos argentinos sobre la soberanía de su territorio.
En un reciente fallo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidió al Reino Unido poner fin lo más rápidamente posible a su administración del archipiélago de Chagos, al considerar que no fue separado de forma adecuada de Mauricio tras su descolonización.
La decisión marca un importante precedente en favor del reclamo soberano de la República Argentina sobre las Islas Malvinas.
En junio de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la CIJ que emitiera una opinión consultiva sobre si el proceso de descolonización de Mauricio -iniciado en 1965- se completó con arreglo a derecho y sobre cuáles son las consecuencias que se derivan de que el Reino Unido siga administrando el archipiélago de Chagos.
Por una abrumadora mayoría, el organismo internacional de justicia declaró que el Reino Unido tiene la obligación de poner fin a su administración en dicho archipiélago lo más rápidamente posible.
De la lectura del fallo se desprenden una serie de afirmaciones que abonan a la posición jurídica Argentina respecto a la Cuestión Malvinas.
Por caso, la CIJ se basa en la resolución 2066 de 1965 declarando su total validez, en contra de los argumentos británicos, que la considera “letra muerta”.
Esta misma resolución reconoce que la disputa soberana de las Islas Malvinas está circunscripta exclusivamente a la República Argentina y el Reino Unido, descartando la intervención de la población isleña en las decisiones al ser ésta una población implantada por los británicos, por lo que de forma expresa se niega además la aplicación del principio de autodeterminación.
Es decir, para la Corte queda claro que no existe “un pueblo” con derecho a su libre determinación, ya que se trata de habitantes de un territorio ocupado.
Confirma una vez más, que es el Comité de Descolonización de la ONU el organismo en cargado de supervisar la implementación de las resoluciones sobre descolonización respecto a la situación específica de cada territorio. Así lo hace año tras año en la Cuestión Malvinas solicitando la reanudación de las negociaciones para poner fin a la disputa de soberanía.
Además, echa por tierra el referendum de “auto satisfacción” isleña llevado a cabo en 2013, puesto que no contó con la supervisión de la Asamblea General de la ONU. Es decir, carece de todo sustento jurídico.
Una vez más, los máximos organismos internacionales, la ONU, su Asamblea General, el Comité de Descolonización, la Corte Internacional de Justicia asumen una postura clara e indubitable en favor de los reclamos históricos de Argentina sobre su territorio.
El derecho, la historia y la razón están de nuestro lado. Es hora de que quienes tienen a cargo los destinos de nuestro país asuman el mandato que toda la Nación exige y adopten las correspondientes acciones en política internacional.
Es paradójico que un gobierno que no se cansa de insistir con la “inserción argentina en el mundo” actúe a contramano de lo que determinan los máximos foros internacionales, acordando de manera inconsulta y parcial acuerdos bilaterales con el Reino Unido que afianzan su postura colonial y de usurpación. Lo que está en juego es nuestra soberanía y el concierto de naciones está de nuestro lado.
Más que nunca, el proyecto de Ley Malvinas impulsado por nuestra provincia debe ser una realidad.
Más que nunca, debemos estar a la altura de la historia.

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