ACUERDOS Y RESPONSABILIDADES

Por estas horas, la gobernadora Rosana Bertone firmó el decreto que otorga un 23 por ciento de aumento en los haberes de los trabajadores estatales. La primera parte de ese aumento, de carácter remunerativo, lo cobrarán los trabajadores el 14 de este mes por liquidación complementaria, y ya con el sueldo de marzo se hará efectivo en su totalidad.

A la hora de una negociación salarial son muchos los factores que se ponen sobre la mesa a fin de llegar a un acuerdo. Si se adopta una mirada parcial sobre el tema, es altamente probable que se lleguen a conclusiones desacertadas, de uno y de otro lado. Un análisis global permite entender entre otros aspectos que en el marco de una grave situación económica y social producto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, de lo que se trata es que el trabajador alcance una recomposición de sus ingresos. Esto es, que en esa lucha desigual entre el salario y la inflación, el poder adquisitivo de las familias no se siga viendo diezmado.

Y bueno es decir también que el flagelo de la inflación -descontrolada, subestimada por el propio Presidente Macri y profundizada por las políticas adoptadas por el gobierno de Cambiemos- afecta también a una administración provincial. Sobre todo, a una gestión que resolvió manejarse responsablemente con sus propios recursos.

Con esa premisa, el gobierno provincial se sentó a la mesa de negociaciones. Y bueno es decir también que esa responsabilidad también fue compartida por buena parte de la dirigencia gremial, que sin desatender su rol de representantes sindicales conoce la realidad y las posibilidades del Estado provincial. Otros dirigentes gremiales en cambio repiten la misma película irracional de siempre, encubriendo en algunos casos puntuales intereses político-partidarios en un año electoral, que no terminan de sincerar ante sus representados.

Sin perjuicio de ello, el decreto del 23 por ciento de aumento los incluye a todos, porque la prioridad no está puesta sobre los dirigentes sino sobre los trabajadores y sus familias.

Nada alcanza para hacer frente a una inflación del 50 por ciento generada por el gobierno nacional en 2018 y más del 120 por ciento acumulada en la era Macri-Cambiemos.

En este contexto recesivo e inflacionario, el objetivo del gobierno provincial en materia salarial es sostener las fuentes de trabajo, garantizar el pago de salarios y jubilaciones en tiempo y forma, como se viene haciendo, y marcar un sendero realista de recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores, con ese necesario equilibrio que requieren las cuentas públicas para atender todas las demás funciones y servicios que debe cumplir el Estado y que son reclamados por todos los sectores y ciudadanos de nuestra Provincia.

La mesa de diálogo sigue abierta. En seis meses habrá una nueva instancia de negociación, una nueva oportunidad de pensar de qué manera la familia de trabajadores estatales recupere lo que este modelo económico nacional les ha arrebatado. Y en esto tampoco hay que confundirse: en esa, ambas partes están del mismo lado.

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